La vocación estatista que históricamente acompañó a la izquierda y centro izquierda del país las ha hecho mirar con desconfianza las propuestas regionalistas, porque ven tras ellas otro intento más por desmantelar al Estado, reduciendo el tamaño del aparato público y sus atribuciones.

La regionalización les aparece inclinando la balanza hacia el polo del mercado en la polaridad mercado-estado y, por tanto, un tema propio de posturas neoliberales.

Pero hay más: también hay consideraciones de realismo político que hacen ver con desconfianza a los posibles regionalistas de este país. Baste mirar el comportamiento electoral de las regiones de centro sur y sur del país –excluyendo al sur austral de la Patagonia– en el siglo pasado e incluso de principios de éste para entender la afirmación que tras los actuales regionalistas lo que se descubre una vez más es a los viejos hacendados de siempre, cuna y soporte del conservadurismo chileno.

Y hay más todavía: la desconfianza se funda también en consideraciones de índole filosóficas; la preferencia estatista como expresión de la preferencia por el colectivo por sobre el individuo (una vez más si se piensa su relación en términos excluyentes)

No hay mucho cómo sorprenderse por la ausencia de una fuerte cultura regionalista en los partidos políticos de izquierdas y progresistas del país. Por el lado de la derecha, la afinidad doctrinaria y programática que el país conoció fue en tiempos del régimen militar pero con una idea de regionalización que nada tiene que ver con la demanda actual: hoy se reclama regionalizar para dispersar el poder en los distintos ámbitos de la vida social donde se encuentra fuertemente concentrado (políticos, económicos, culturales, de la ciencia, tecnología y comunicaciones) y, por ende, para ampliar el espacio de la participación ciudadana. Se trata de una demanda regionalista que supone la vigencia del ideario y reglas del juego democrático, y que los profundiza.

Claramente no hay espacio en esta demanda a lo que fuera la doctrina de Seguridad Interior del Estado en ninguna de sus versiones, asociadas sea al terror por parte del estado o al disciplinamiento de la población a partir del control ejercido sobre el territorio. Sin una clara valoración positiva de la regionalización, la fuerza de las cosas del juego político desde los años 50 en adelante –para poner algún hito temporal de referencia– hizo que el tema regionalista fuera arrastrado por otro fenómeno de carácter constitutivo de nuestra política anterior: el presidencialismo, vinculado a su vez al conocido fenómeno electoral de los tres tercios.

Los distintos gobiernos (de derecha, centro y de izquierda), sin mayorías parlamentarias, recurrieron una y otra vez a reforzar los poderes de la presidencia y ejecutivo para tratar de gobernar llevando a cabo sus promesas programáticas. El tema del regionalismo en la forma como se constituyó en nuestro país –y sigue siendo aún hoy– es un tema complejo que trasciendo con mucho a la dimensión de los arreglos institucionales que, no obstante, implica.

Así, hoy como ayer, el regionalismo aparece vinculado con los temas del presidencialismo extremo que heredamos, con los temas del sistema electoral y a los vinculados a nuestro particular sistema de partidos… y con los temas de nuestra aún cultura conservadora y autoritaria –apegada al ejercicio verticalista, jerarquizado y burocrático del poder– que incluso al nivel de la intimidad del hogar sigue privilegiando el valor de la obediencia y disciplina por sobre el ejercicio responsable de la libertad y la creatividad… Entonces uno no se hace regionalista de la noche a la mañana; un país tampoco.

La creación de un consenso ciudadano regionalista es parte de la misma regionalización. Y ésta es un proceso que a veces nos ofrece oportunidades inigualables para profundizarla, como ya fue el haber podido hacer realidad la histórica aspiración de ser región de la ciudadanía de Valdivia y de Arica-Parinacota. 

Al nivel de la institucionalidad público estatal el anuncio hecho al país por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en su mensaje del 21 de Mayo sobre el proyecto de ley enviado al Parlamento para la elección directa de los Consejeros Regionales es una tremenda oportunidad, junto al también anunciado “traspaso creciente de competencias desde los organismos centrales hacia las regiones”, y los anuncios realizado en la II Cumbre de las Regiones sobre la creación de la figura del Administrador Regional en cada gobierno regional y el traspaso a éstos de las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo. Medidas para el fortalecimiento de los gobiernos regionales que se complementan con aquellas sobre “cambios en la legislación que les permitan (a los concejales municipales) ejercer con mayor dignidad y eficacia las funciones de representación y de fiscalización que la ciudadanía les ha encomendado” y aquellas referidas a los aspectos financieros, institucionales y de gestión concordadas con la Asociación Chilena de Municipios.  

Esta es una oportunidad que resulta esperanzadora porque se inscribe en un reforzado ánimo regionalista expresado en la II Cumbre de las Regiones, realizada bajo el lema Todo Chile es Chile. La agenda de trabajo propuesta por el Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización de Chile (CONAREDE)  y concordada en la Cumbre fue más ambiciosa, propuso diez reformas de desarrollo estratégico orientadas a alcanzar más poder de decisión, recursos, desarrollo y dignidad para todos los habitantes, comunas y regiones e iniciar un nuevo estilo de desarrollo en Chile: descentralizado, participativo, social y territorialmente integrado.

Va a ser la capacidad de ampliar los consensos ciudadanos tras esos objetivos lo que va a permitir encauzar los compromisos presidenciales en un movimiento regionalista contundente y envolvente, en el cual todo Chile se encuentre y re-encuentre como país real.