El jueves 12 de abril en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, firmó la indicación al proyecto de Reforma Constitucional de Gobierno y Administración Regional que, en lo medular, establecía el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a elegir por votación directa a sus representantes en los Gobiernos Regionales; estamos hablando de los Consejeros Regionales (CORE) actualmente designados por los Concejales Municipales. La oportunidad era inmejorable y más de 800 representantes de grupos y organizaciones que encarnan la demanda regionalista en el país aplaudieron de pie. Pero el compromiso era anterior…

La II Cumbre de las Regiones convocada bajo el lema “Todo Chile es Chile” fue una oportunidad, como después lo fue el Mensaje Presidencial del 21 de mayo, pero el marco en el que se inscribe la iniciativa del Ejecutivo, encontrando su sentido y real proyección, es otro. Otro anterior y tan –o a lo mejor– más importante aún que la demanda regionalista ciudadana, porque a través de esta iniciativa de ley lo que la Presidenta estaba haciendo era implementar su propio Programa de Gobierno, para el cual en época de campaña electoral pidió el apoyo de la ciudadanía. Se aplaude cuando una autoridad cumple los compromisos contraídos con la ciudadanía, porque en nuestra cultura cívica seguimos entendiendo que son valores deseables de preservar y acrecentar la consecuencia, la coherencia y la responsabilidad, pero es su obligación cumplirlos. En pleno siglo XXI, y de cara el Bicentenario de la República, reimpulsar la agenda regionalizadora, de descentralización, perfeccionamiento de la democracia y fomento de la participación de la ciudadanía –en palabras de la Presidenta Bachelet– es asumir que “Chile es la diversidad histórica, étnica, social, económica, productiva, cultural que se extiende por todo el territorio nacional, pero así como Chile es sus regiones, Chile también es su gente y toda su gente”. Y es eso lo que espera y demanda la ciudadanía y por eso los 800 representantes de la ciudadanía reunidos en la II Cumbre de las Regiones aplaudieron al escucharla decir: “No voy a dejar que limiten con cronómetro la oportunidad histórica que tienen los ciudadanos de participar y de descentralizar…”. Porque la decisión de la Presidenta de democratizar el Consejo Regional –cuerpo colegiado de los Gobiernos Regionales– concreta un compromiso programático asumido como candidata de la coalición de la Concertación de Partidos por la Democracia; expresa un anhelo y –a estas alturas– una bandera de lucha ciudadana y sus representantes de la Bancada Parlamentaria Regionalista pero no expresa la voluntad política de las mayorías respectivas de las Cámaras de Diputados y de Senadores.
La falta de apoyo parlamentario a la posibilidad de elección directa de los CORE es tan así que éstos mayoritariamente no asistieron a la II Cumbre, no aplaudieron todos los que asistieron y, más claro aún, la misma redacción de la indicación al proyecto de Reforma Constitucional de Gobierno y Administración Regional elaborado por el Ejecutivo lo asume al incorporar una inhabilidad inexplicable en otro contexto: la de los CORE de presentarse como candidatos en una elección parlamentaria inmediatamente después de haber cumplido su período de tales. 
Molesta, desencanta pero no desconcierta. No nos pilla de sorpresa entonces lo acontecido durante los primeros días de septiembre con la iniciativa legal de elección directa de los CORE. Sin el apoyo parlamentario suficiente de la propia coalición gobernante, el Ejecutivo le quitó la urgencia que le había dado para su discusión y promulgación. No es una sorpresa pero es un sin sentido. Si la ciudadanía quiere elegir a sus propios representantes es porque queremos recuperar el control ciudadano sobre los asuntos públicos que la actual práctica política de la ingeniería político-electoral ha dejado en manos de los barones de la política (eso ya no del pragmatismo sino derechamente imposición de los intereses particulares e inmediatistas de los grupos de poder enquistados en el propio sistema político y de partidos) Porque uno también quiere transparencia y la decisión del Ejecutivo no ayuda a lograrla. Sacar el tema de la discusión en el Parlamento no ayuda a instalar un ambiente de debate público fundado, informado y abierto en el cual tengan espacio todas las opiniones, en el cual de cara a la ciudadanía cada parlamentario sostenga con responsabilidad su voto en esta materia. Eso que uno soñó sería el nuevo tono de la política renovada cuando escuchó a la Presidenta decir “hago lo que digo, digo lo que pienso” Cierto, no sorprende lo ocurrido pero uno como ciudadano/a tiene derecho a escuchar la argumentación en la cual se fundamentó esa decisión y a expresar su propia opinión al respecto.

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