¿Qué decimos cuando nos decimos regionalistas? Que estamos por la existencia de regiones capaces de desarrollar toda su potencialidad productiva y de crecimiento económico; en las que sus propios ciudadanos/as sean los que tomen las decisiones sobre las cuestiones públicas que los afectan, transformándose en los verdaderos actores de su presente y futuro; sintiéndose orgullos de su pasado, de su estilo de vida y de los valores que allí se encarnan forjando su identidad común, y agradecidos y respetuosos del entorno natural que los acoge.

Entonces, ser regionalista no es nada neutral valórica ni políticamente. Es estar a favor y promover la dispersión del poder, contraviniendo las lógicas centralistas concentradoras del poder en sus distintas esferas: comercial, financieras, de la administración pública, político partidarias o de la cultura, información y creación de conocimiento.

Todo esto implica poner en marchas procesos de participación y de fortalecimiento de la ciudadanía regional para redefinir la articulación y el funcionamiento de sus respectivas regiones respecto de sus unidades subregionales (provincias y comunas), respecto de sus pares (demás regiones), del centro (el estado central) y de sus socios en el mundo globalizado (las zonas del mundo y los países que involucran sus redes de intercambio comercial). Tanto si se piensa en las relaciones inter-regionales como en las relaciones de las regiones con sus contrapartes en el comercio global, surge la oportunidad de consolidar la cultura y la práctica del asociacionismo y de la asociatividad en el contexto de la creación de redes de confianza y de apertura a la diversidad cultural, porque el intercambio comercial es siempre simultáneamente un intercambio de productos y de bienes simbólicos.

Ahora, si se piensa en la relación entre las regiones y las unidades sub-regionales que la conforman; esto es, las provincias y municipalidades, lo medular en la demanda regionalista actual, y de los sueños cifrados en ella, es instaurar puntos de quiebre capaces de revertir la reproducción a este nivel de las lógicas y modelos de acción concentradores, centralistas y jerarquizados vigentes que constituyen la relación región-estado central y sus correlatos en las demás esferas del quehacer de la sociedad global (en términos de sentido común se encuentra la apelación a la relación entre las casas matrices y sus filiales locales).

Es por eso que como fue señalado en la II Cumbre de las Regiones[1] hablar de regionalización hoy es hablar de municipalización, si se lo piensa desde el punto de vista de la institucionalidad público estatal.

Avanzamos así, entonces, hacia un nuevo concepto; al de democracia regional, en el cual la discusión de los modelos institucionales retoma su carácter instrumental –o su naturaleza de medio al servicio de un fin distinto de ella misma– y que no es otro que el fortalecimiento de los procesos y dinámicas de dispersión del poder que sostienen a esos modelos institucionales y que éstos presuponen. Modelos o diseños institucionales que deben ser, en consecuencia, flexibles para responder, promover y sustentarse en los equilibrios que se vayan alcanzando en las relaciones entre actores en procesos de empoderamiento o de fortalecimiento de sus capacidades de decisión y de gestión. (En el caso del tema de la educación, en algunos momentos y en algunos lugares podría quedar bajo una suerte de administración supracomunal –regional, en este ejemplo–, mientras los municipios, que no logran revertir la inercia de malos resultados, se someten a todas acciones de saneamiento y de reingeniería necesarias para retomar, en un segundo momento, su responsabilidad con la educación de su comunidad local)

Si la regionalización así pensada va apareciendo ligada, y como un aspecto o dimensión de un proceso de democratización mayor, su relación con la democracia adquiere casi un carácter de esencial desde otro punto de vista. Me refiero a la relación región-estado central. La dispersión del poder es ciertamente una condición y una característica de los regímenes democráticos modernos.

Pero hay otra y que refiere a la promesa que entraña el Estado como construcción histórica; la promesa de realizar la universalidad posible y que uno entiende cuando damos por hecho que sí puede concretar alguna idea de bien común (cualquiera que sea ésta), o cuando damos por hecho que sí tiene sentido que el Estado se plantee en relación a los intereses generales de una comunidad nacional. Digamos que “liberado” de los asuntos políticos y administrativos que pueden realiza las regiones, el Estado-central recupera el poder plantearse aquello que no lo pueden hacer las regiones y que le es propio a ese nivel; al Estado como universalidad. Y estos asuntos son los fines públicos que la comunidad y ciudadanía ha hecho suyos: además, por cierto,  de su responsabilidad en temas de defensa y seguridad, está el abocarse a corregir iniquidades territoriales, a restablecer derechos de personas y grupos  trasgredidos por la acción de otros grupos o de las autoridades subnacionales, a crear las condiciones para facilitar los procesos de intercambio global, en la representación del país en el concierto internacional, y a crear las condiciones para que el país se haga cargo del largo plazo para sus negocios pero sobre todo para sus futuras generaciones.

Así, si todo Chile es Chile, Chile es también todos sus chilenos, de hoy y de mañana, ciudadanos de una democracia madura.